El proyecto oficial elimina controles sobre la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas privadas extranjeras. Organizaciones sindicales, sectores políticos y la Iglesia reclamaron a los legisladores que protejan el territorio y los recursos estratégicos del país.
Hay decisiones que no terminan cuando concluye un gobierno. Decisiones que pueden comprometer durante generaciones el agua, los alimentos, los bosques, los minerales y el territorio sobre el que una Nación construye su futuro.
Por eso, la posible modificación de la Ley de Tierras Rurales no puede tratarse como una simple desregulación económica. Lo que está en discusión es quiénes podrán adquirir grandes extensiones del territorio argentino y qué herramientas conservará el Estado para impedir una concentración que amenace los intereses nacionales.
La Ley 26.737 vigente establece que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. También determina que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo y fija para cada titular extranjero un límite de mil hectáreas en la denominada zona núcleo, o su equivalente en otras regiones.
El proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, enviado por el Poder Ejecutivo, modifica ese régimen para concentrar las restricciones principalmente sobre Estados extranjeros y empresas controladas por ellos. En los hechos, desaparecerían los límites generales para ciudadanos extranjeros y corporaciones privadas de capital foráneo. Además, se permitiría exceptuar incluso a entidades vinculadas con otros Estados cuando presenten un plan de inversiones que la autoridad considere de interés público.
El expediente permanece pendiente de tratamiento en el Senado, después de que su debate fuera aplazado. Su aprobación abriría la puerta para que capitales privados extranjeros adquieran mayores superficies sin los topes nacionales, provinciales, municipales y por nacionalidad que hoy establece la legislación.
No se trata solamente de hectáreas
Una extensión de tierra puede contener un río, un lago, un bosque nativo, una reserva de agua dulce, minerales críticos, acceso a un puerto o una posición estratégica en una zona fronteriza.
Cuando esas superficies quedan concentradas en manos de grandes corporaciones cuyos intereses se encuentran fuera del país, la Argentina pierde capacidad para decidir cómo producir, cómo cuidar sus recursos y qué modelo de desarrollo dejará a las próximas generaciones.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado advirtieron que la modificación comprometería gravemente la soberanía y podría favorecer la adquisición de territorios en la Patagonia, regiones de frontera y zonas donde se encuentran acuíferos y otros bienes naturales. Un informe difundido por ATE señala que actualmente existen alrededor de 13,2 millones de hectáreas extranjerizadas en el país.
La preocupación también fue expresada por la Iglesia católica. La Comisión Episcopal de Pastoral Social, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y Cáritas Argentina pidieron a los legisladores que evalúen las consecuencias de la iniciativa y recordaron una verdad sencilla pero fundamental: “La tierra no es una mercancía”.
Para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, el territorio representa identidad, memoria, trabajo, cultura y futuro. Defender la propiedad privada no puede significar abandonar el deber del Estado de preservar el bien común y garantizar que la tierra no quede concentrada solamente entre quienes cuentan con mayor poder económico.
Inversión no puede ser sinónimo de entrega
La Argentina necesita inversiones, producción y empleo. Pero ninguna inversión verdadera requiere que el país renuncie a establecer límites para proteger su territorio.
Se puede recibir capital, incorporar tecnología y desarrollar proyectos productivos sin entregar el control de zonas estratégicas ni eliminar las herramientas que permiten conocer quiénes compran, cuánto compran y dónde lo hacen.
El Partido Justicialista convocó para el lunes a las 18 a un encuentro abierto en su sede de Matheu 130, organizado por su Secretaría de Agricultura, para debatir el proyecto y coordinar acciones en defensa de la legislación vigente.
Pero esta discusión debe superar los límites partidarios. No pertenece únicamente al peronismo, a los sindicatos, a la Iglesia o a las organizaciones ambientales. La tierra argentina pertenece a la historia y al porvenir de todo el pueblo argentino.
Por eso, quienes representan a las provincias en el Congreso tienen una responsabilidad que trasciende cualquier acuerdo político circunstancial. Deben escuchar a sus comunidades, comprender el valor estratégico de cada región y rechazar una reforma que podría comprometer recursos que después resultará imposible recuperar.
Un gobierno puede modificar una ley. Una mayoría parlamentaria puede levantar la mano. Pero cuando la tierra cambia de dueño, recuperar lo entregado puede llevar décadas o no ocurrir jamás.
A nuestros senadores y senadoras les pedimos que voten en contra. Que defiendan el territorio, el agua, los alimentos y el derecho de las futuras generaciones a decidir sobre su propio país. Porque la soberanía no se declama solamente en los discursos: también se protege cuidando la tierra que pisamos.