La expresidenta sostiene que durante la causa Vialidad se vulneraron sus garantías y que la condena tuvo como finalidad excluirla de la competencia electoral. El planteo deberá ser analizado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Cristina Fernández de Kirchner presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para solicitar que se examine el proceso judicial de la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia quedó firme en junio de 2025 y actualmente cumple la pena bajo arresto domiciliario.
La presentación fue acompañada por una carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la justicia”. Allí, la exmandataria afirmó que el proceso estuvo atravesado por irregularidades y que la inhabilitación tuvo como objetivo impedir su participación política. También sostuvo que existió una persecución agravada por su condición de mujer y denunció la presencia de un “machismo estructural” dentro de sectores del sistema judicial.
Uno de los principales pedidos de su defensa es que se dicte una medida provisoria para suspender la inhabilitación política mientras el organismo internacional analiza la cuestión de fondo. También se solicitó una flexibilización de las condiciones del arresto domiciliario y se formularon cuestionamientos sobre la actual integración de la Corte Suprema.
Fernández de Kirchner argumentó que la exclusión judicial de una dirigente política no afecta únicamente a la persona condenada, sino también al derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.
La presentación no modifica de manera automática la condena dictada por la Justicia argentina. El Comité deberá evaluar primero la admisibilidad del planteo y posteriormente determinar si durante el proceso se vulneraron derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Argentina reconoce este mecanismo, que permite que personas denuncien posibles violaciones de derechos ante el organismo internacional.
Desde el Gobierno nacional, el canciller Pablo Quirno señaló que la expresidenta tiene derecho a realizar las presentaciones que considere necesarias, aunque remarcó que fue juzgada y condenada por la Justicia argentina.