El Gobierno agilizó el mecanismo de subastas electrónicas para avanzar con las privatizaciones. AySA, activos energéticos y centrales hidroeléctricas forman parte de un proceso que vuelve a plantear una discusión fundamental: ¿pueden el agua y la energía quedar sometidas exclusivamente a la búsqueda de rentabilidad?
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su programa de privatizaciones. Mediante la Disposición 52/2026 de la Oficina Nacional de Contrataciones, estableció el procedimiento que deberán cumplir las empresas interesadas en participar de las subastas públicas realizadas a través de la plataforma SUBAST.AR.
La norma no dispone por sí misma la venta de una empresa determinada, pero facilita y uniforma la inscripción de los posibles compradores para concretar las privatizaciones autorizadas por la Ley Bases y la Ley de Reforma del Estado. El propio texto justifica la medida en la necesidad de aportar mayor rapidez, sencillez y eficiencia a los procedimientos.
Entre los procesos actualmente impulsados se encuentra la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos —AySA—, mediante la venta del 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional. En mayo de 2026 se autorizó una licitación nacional e internacional, sin precio base, para transferir ese paquete accionario a un operador estratégico.
También se encuentra en marcha la privatización por etapas de Energía Argentina —ENARSA—, empresa que posee participaciones mayoritarias en las centrales termoeléctricas José de San Martín y Manuel Belgrano, además de intervenir en otros activos fundamentales del sistema energético.
A esto se suma la licitación del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles, que comprende diques, presas, centrales generadoras, estaciones transformadoras y líneas de alta tensión. El procedimiento incluye una nueva concesión para explotar el complejo y la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. Su infraestructura abastece especialmente al sur de Mendoza y también se encuentra conectada al Sistema Argentino de Interconexión.
No estamos hablando de empresas comunes
Una empresa que vende ropa, electrodomésticos o artículos de consumo puede decidir instalarse únicamente donde encuentra suficientes clientes. Una compañía encargada de suministrar agua potable, electricidad o transporte no debería tener esa libertad.
Los servicios esenciales deben llegar también a los barrios populares, a las pequeñas localidades, a las regiones alejadas y a las comunidades donde prestar el servicio quizás no resulte inmediatamente rentable.
La finalidad de una empresa privada es legítimamente obtener ganancias. La obligación del Estado, en cambio, es garantizar derechos, equilibrar desigualdades, planificar a largo plazo y sostener servicios incluso allí donde las cuentas comerciales no cierran.
Por eso, el problema no se limita a quién administra mejor una compañía. La verdadera discusión es si el acceso al agua, la energía y otros bienes esenciales debe depender de la capacidad de pago de cada familia o del lugar donde haya nacido.
El antecedente de Aguas Argentinas
La privatización de Obras Sanitarias durante la presidencia de Carlos Menem debería ser una advertencia central en este debate.
En 1993, el servicio de agua potable y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires fue entregado a la empresa Aguas Argentinas. Trece años más tarde, el Estado rescindió la concesión por responsabilidad de la compañía y debió reasumir la prestación.
El Decreto 303/2006 fundamentó aquella decisión en incumplimientos graves, problemas en la calidad del agua, elevados niveles de nitrato en algunas zonas y la negativa de la concesionaria a ejecutar obras consideradas necesarias. La norma sostuvo expresamente que el Estado debía garantizar el acceso al agua potable a todos los sectores de la población.
El antecedente resulta imposible de ignorar: la misma empresa pública que ahora se pretende vender fue creada para recuperar un servicio privatizado cuyo contrato terminó rescindido por incumplimientos del concesionario.
Volver a privatizar AySA implica confiar nuevamente el agua potable y el saneamiento a un operador cuyo principal incentivo será económico. Podrán establecerse controles, metas y organismos reguladores, pero la experiencia demuestra que, cuando el contrato fracasa, es el Estado quien debe regresar para garantizar la continuidad del servicio, asumir las inversiones pendientes y proteger a la población.
Despidos y reducción del empleo estatal
Las privatizaciones de los años noventa también tuvieron un fuerte costo laboral.
Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo registró que, después de la fragmentación y privatización de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires —SEGBA—, la cantidad de trabajadores pasó de 17.600 en 1992 a aproximadamente 7.040 en 1998. Esto representó una reducción cercana al 60% de la dotación original.
Las empresas pueden haber mejorado determinados indicadores de productividad, pero esa transformación estuvo acompañada por miles de retiros y despidos. Detrás de cada cifra hubo familias que perdieron sus ingresos, saberes técnicos que dejaron de permanecer dentro del Estado y comunidades golpeadas por el achicamiento de importantes fuentes laborales.
La eficiencia no puede medirse únicamente por la reducción de trabajadores. También debe evaluarse por la calidad del servicio, la capacidad de inversión, la cobertura territorial, la seguridad de la infraestructura y el aporte de la empresa al desarrollo nacional.
Energía: producir mucho no significa garantizar el abastecimiento
La experiencia de la privatización energética también dejó consecuencias que merecen ser recordadas.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló que, durante la década de 1990, la cantidad de pozos de exploración hidrocarburífera fue inferior a la registrada en etapas anteriores. La expectativa de que la liberalización del mercado generara automáticamente mayores inversiones exploratorias no se cumplió.
El mismo análisis advirtió que, al perder capacidad de intervención, el Estado quedó con menos herramientas para proteger el abastecimiento interno, mientras las decisiones de las empresas respondían a estrategias empresariales que no necesariamente coincidían con las necesidades energéticas del país.
Una empresa privada puede explotar las reservas existentes, distribuir ganancias o trasladar sus inversiones hacia otros mercados. Una empresa pública estratégica puede orientar recursos hacia la exploración, sostener proyectos de largo plazo y priorizar el abastecimiento nacional incluso cuando la rentabilidad inmediata sea menor.
La energía no es una mercancía más. Determina la capacidad de producir, transportar, calefaccionar hogares, sostener hospitales y desarrollar cada región del país.
Los ferrocarriles y el abandono de la mirada territorial
El proceso ferroviario de los años noventa ofrece otra enseñanza. Las concesiones privadas lograron inicialmente recuperar algunos indicadores, especialmente en determinados servicios de cargas y líneas metropolitanas. Sin embargo, el propio Banco Mundial reconoció posteriormente incumplimientos en los compromisos de inversión, renegociaciones conflictivas y una insuficiente consideración de objetivos sociales como la accesibilidad y la posibilidad de mantener servicios asequibles.
El informe también señaló que los concesionarios tendían a orientar sus inversiones y servicios según la rentabilidad de corto plazo, mientras los trenes interurbanos prácticamente desaparecieron, con excepción de algunos recorridos aislados.
Cuando una línea ferroviaria deja de ser rentable para una empresa, puede ser abandonada. Para una comunidad del interior, en cambio, ese mismo tren puede representar la conexión con hospitales, universidades, mercados de trabajo y centros productivos.
El mercado calcula pasajeros y ganancias. El Estado debe observar territorios, derechos y oportunidades.
Administrar mejor, no vender lo que pertenece a todos
Defender la propiedad estatal de empresas estratégicas no significa negar que puedan existir burocracia, déficit, corrupción o administraciones deficientes. Las empresas públicas deben ser profesionales, transparentes, auditadas y sometidas a controles estrictos.
Pero la solución frente a una mala administración no puede ser entregar de manera definitiva aquello que fue construido durante décadas con el esfuerzo de toda la sociedad.
Una empresa pública bien gestionada permite invertir en zonas postergadas, aplicar mecanismos solidarios entre usuarios, sostener tarifas sociales, conservar personal especializado y orientar la actividad hacia objetivos de desarrollo nacional.
El capital privado puede participar, construir infraestructura, proveer tecnología o asociarse en proyectos específicos. Lo que no debe hacer es sustituir por completo al Estado en áreas donde están comprometidos derechos fundamentales y recursos estratégicos.
El agua potable no puede depender únicamente de cuánto puede pagar una familia. La energía no puede producirse solamente donde resulte más rentable. Las represas, centrales y redes construidas con recursos públicos no deberían convertirse en una oportunidad financiera para un grupo reducido de compradores.
La Argentina ya atravesó una etapa en la que se prometió que vender las empresas públicas traería eficiencia, inversiones y mejores servicios. En numerosos casos, el resultado fueron incumplimientos, despidos, pérdida de capacidad estatal y concesiones que posteriormente debieron ser renegociadas o recuperadas.
La historia no se repite de manera idéntica, pero advierte.
Antes de desprenderse de AySA, de las centrales energéticas y de los activos que garantizan el funcionamiento del país, el Gobierno debe explicar qué sucederá con las zonas que no resulten rentables, quién realizará las obras de largo plazo y cómo se impedirá que la búsqueda de ganancias se coloque por encima del acceso universal.
Los servicios esenciales no deben llegar solamente hasta donde alcanza el negocio. Deben llegar hasta donde vive el último argentino que los necesita. Esa es una responsabilidad del Estado y una obligación que no puede venderse en una subasta electrónica.