Después del fallo judicial que ordenó al Gobierno nacional aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de distintas universidades se movilizaron hasta la Secretaría de Educación. Reclamaron respuestas sobre la implementación de la norma y mejoras en las becas estudiantiles. La jornada terminó con la intervención de la Policía Federal y el anuncio de acciones judiciales contra los manifestantes.
El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas sumó este miércoles 7 de octubre un nuevo capítulo de tensión. Un día después de que la Justicia federal ordenara al Gobierno nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de distintas casas de estudio protagonizaron una protesta en la sede de la Secretaría de Educación de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires.
Como informó Punto Multimedios, la decisión judicial abrió una nueva etapa en el conflicto por el financiamiento universitario.
La movilización, que contó con la participación de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), comenzó con una sentada y continuó con el ingreso de manifestantes al Palacio Pizzurno, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.
El reclamo principal fue que el Poder Ejecutivo avanzara en la implementación de la normativa aprobada por el Congreso, cuya aplicación permanecía suspendida.
La jornada terminó con el desalojo de los estudiantes por parte de efectivos de la Policía Federal y con un anuncio del Gobierno nacional sobre la presentación de denuncias judiciales por lo ocurrido.
Del fallo judicial a la movilización estudiantil
El martes 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, declaró inconstitucional la disposición del Decreto 759/2025 que había condicionado la implementación de la Ley 27.795 a la identificación de sus fuentes de financiamiento.
La resolución, dictada en primera instancia, hizo lugar a los reclamos presentados por la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Interuniversitario Nacional y ordenó al Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para aplicar la norma.
La ley contempla, entre otras cuestiones, recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales, recomposición salarial de docentes y nodocentes, actualización de becas y fortalecimiento de la investigación.
Sin embargo, la decisión judicial no resolvió de manera inmediata la situación presupuestaria de las instituciones.
Esa distancia entre el reconocimiento judicial de la vigencia de la ley y su implementación efectiva fue uno de los motivos centrales de la protesta estudiantil.
Estudiantes de la UNLP participaron del reclamo
La manifestación reunió a representantes de distintas universidades nacionales, entre ellas la UBA, la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de La Plata.
Cerca de las 17:40, parte de los participantes ingresó al Palacio Pizzurno para realizar una sentada y solicitar una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
Además del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, los estudiantes reclamaron una actualización de las Becas Progresar y mejoras en las condiciones materiales que permiten sostener la continuidad de sus estudios.
El planteo expone una de las dimensiones más sensibles del conflicto: para numerosos jóvenes, el acceso a la educación superior no depende solamente de la existencia de universidades públicas, sino también de contar con recursos suficientes para afrontar transporte, alimentación, materiales y otros gastos cotidianos.
En una ciudad universitaria como La Plata, donde miles de estudiantes provenientes de distintos puntos de la provincia y del país desarrollan sus carreras, estas preocupaciones adquieren una relevancia particular.
Una reunión sin acuerdos y un desalojo policial
Durante la protesta, una delegación estudiantil mantuvo un encuentro con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
Según expresaron representantes de los estudiantes, la reunión no ofreció respuestas concretas sobre los plazos de implementación de la ley ni sobre los reclamos vinculados a las becas.
Posteriormente, efectivos de la Policía Federal intervinieron para desalojar el edificio.
El procedimiento se desarrolló en un contexto de tensión y forcejeos. Los manifestantes denunciaron un accionar policial violento, mientras que desde el Gobierno se cuestionó el ingreso de los estudiantes a la sede de la Secretaría de Educación.
El Ministerio de Capital Humano anunció que impulsaría acciones judiciales contra quienes participaron de la ocupación del edificio.
De esta manera, el conflicto sumó una nueva controversia que involucra tanto las demandas de financiamiento educativo como las modalidades de protesta y la respuesta de las autoridades.
La universidad pública mantiene abierto su reclamo
Mientras continúa la discusión sobre la implementación de la ley, las organizaciones universitarias sostienen distintas medidas de protesta en todo el país.
En La Plata, el reclamo también se expresó mediante convocatorias frente a la Presidencia de la UNLP y medidas de fuerza del sector nodocente.
Además, para el próximo 15 de octubre está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria frente al Congreso de la Nación, como parte de las acciones impulsadas por el sector.
La participación de estudiantes platenses en la movilización del miércoles muestra que el conflicto no se limita a los despachos judiciales ni a las negociaciones institucionales.
También atraviesa la experiencia cotidiana de quienes estudian, enseñan, investigan y trabajan en las universidades nacionales.
El fallo judicial abrió una nueva instancia en la discusión por los recursos universitarios. La movilización estudiantil dejó en evidencia que, mientras no existan respuestas concretas sobre su aplicación, el conflicto continuará expresándose también fuera de las aulas.