La petrolera controlada por el Estado aceptó una oferta de US$ 780 millones por el 70% de la principal distribuidora de gas del país. El comprador es Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de Argentina. La operación se inscribe en la política de desinversiones impulsada durante el gobierno de Javier Milei y vuelve a poner en discusión quién controla los servicios públicos estratégicos.
YPF aceptó la oferta presentada por Edenor para adquirir la totalidad de su participación en Metrogas y MetroENERGÍA por US$ 780 millones, en una operación que modifica significativamente el mapa del negocio energético argentino.
La transacción comprende el 70% del capital y los derechos de voto de Metrogas, además del 5% que YPF posee directamente en MetroENERGÍA. Una vez concretada, la petrolera dejará completamente ambas compañías. El acuerdo todavía está sujeto al cumplimiento de las condiciones y autorizaciones regulatorias correspondientes.
Pero detrás de los números aparece una discusión mucho más profunda: YPF es una empresa controlada por el Estado argentino y Metrogas es la principal distribuidora de gas del país, mientras que el comprador, Edenor, ocupa una posición equivalente en el mercado de distribución eléctrica. La operación concentra así dos servicios públicos esenciales bajo un mismo núcleo empresario.
Del control estatal a manos privadas
La historia reciente permite dimensionar el cambio.
En mayo de 2013, después de la recuperación del control estatal de YPF, la petrolera consolidó indirectamente una participación del 70% de Metrogas, convirtiéndose en su accionista controlante.
Trece años después, YPF decidió recorrer el camino inverso y desprenderse de la totalidad de esa participación.
La compañía presenta la decisión como parte de una “revisión estratégica” de su cartera de activos, orientada a concentrar recursos e inversiones principalmente en Vaca Muerta. El proceso fue llevado adelante con Citigroup como asesor financiero y la propuesta de Edenor resultó seleccionada entre las ofertas recibidas.
Desde una mirada exclusivamente empresarial, YPF obtiene US$ 780 millones y libera recursos para destinarlos al desarrollo hidrocarburífero.
Desde una mirada política, sin embargo, la pregunta es otra: ¿hasta dónde debe retirarse una compañía controlada por el Estado de sectores vinculados a servicios públicos esenciales?
Gas y electricidad, cada vez más concentrados
El comprador tampoco es un actor menor.
Edenor es la mayor distribuidora eléctrica de Argentina y se encuentra controlada por Edelcos, grupo vinculado a los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Con la adquisición de Metrogas, ese mismo entramado empresario ampliará sustancialmente su participación dentro del mercado energético nacional.
Metrogas abastece a más de dos millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y distintos partidos del conurbano, mientras Edenor distribuye electricidad a millones de clientes del Área Metropolitana. La combinación coloca bajo un mismo grupo una porción significativa de dos mercados esenciales para hogares, comercios e industrias.
Por eso la discusión excede el precio de venta.
La operación se produce además en un escenario construido durante la administración de Javier Milei, caracterizado por la reducción de subsidios, fuertes actualizaciones tarifarias, desregulación y una orientación general favorable al retiro del Estado de empresas y actividades económicas. En ese contexto, los negocios regulados de energía recuperaron atractivo para los inversores privados.
Una política que va más allá de Metrogas
La venta se inscribe en una concepción más amplia sobre el papel que debe desempeñar el Estado.
Desde el comienzo de su gestión, Milei planteó un proceso de privatización, concesión y desprendimiento de activos públicos con el argumento de reducir la intervención estatal y aumentar la participación privada en la economía.
La salida de YPF de Metrogas suma ahora un nuevo capítulo a ese proceso, aunque jurídicamente se trate de una venta de acciones realizada por una sociedad anónima y no de una privatización tradicional mediante una ley específica.
El efecto económico y político, sin embargo, resulta concreto: una empresa bajo control estatal abandona la conducción de la principal distribuidora de gas del país y ese control pasa a un grupo privado que ya ocupa una posición dominante en otro servicio público esencial.
El debate que queda abierto
La discusión no debería limitarse a determinar si los US$ 780 millones representan un buen precio para YPF.
También obliga a preguntarse qué nivel de concentración resulta aceptable en mercados donde los usuarios tienen escasas posibilidades de elegir proveedor y qué herramientas conservará el Estado para intervenir en sectores estratégicos.
Electricidad y gas no son productos de consumo ordinario. Son servicios indispensables para la vida cotidiana, la producción y el desarrollo económico.
Por eso, mientras el Gobierno nacional profundiza su apuesta por disminuir la participación estatal y ampliar el espacio de los grandes grupos privados, la venta de Metrogas vuelve a colocar sobre la mesa una discusión histórica de la Argentina: quién debe controlar los recursos y servicios estratégicos y al servicio de qué intereses.
La operación todavía deberá atravesar las instancias regulatorias necesarias antes de quedar definitivamente cerrada.